Paulo M. De Oliveira-De Jesus *
Las reformas democráticas surgidas a partir de la instalación de la Junta de Gobierno de 1945 y que culminaron en la elección de Rómulo Gallegos como presidente de Venezuela estaban sustentadas en una profunda transformación energética. Dicha transformación constituyó un elemento crucial para introducir definitivamente a los venezolanos en la modernidad y apalancar las nacientes instituciones democráticas.
Las políticas publicas que visaban universalizar el acceso a la energía, principalmente la energía eléctrica, se hizo realidad en un tiempo muy corto. La cobertura del servicio eléctrico pasó de ser muy limitada al término del gobierno de Medina Angarita a prácticamente cubrir el 99% de la población a finales del siglo XX.
Para que se tenga una idea de la magnitud de tal crecimiento, veamos los indicadores de consumo de Venezuela y de dos países de la región. En 1945, el consumo per cápita de electricidad en Venezuela apenas llegaba a 32kWh/hab cuando en Argentina y en Chile estaba en el orden de los 190 y 125kWh/hab (Tellería, 2006). En 1998, la situación había cambiado drásticamente, cuando en Venezuela el consumo alcanzaba más de 2600kWh/hab – el más alto del continente – la utilización en Chile y Argentina no pasaba de 2000kWh/hab (AN, 2017).
Este salto cuántico se materializó sobre un hecho providencial. La electrificación del país fue financiada por la renta petrolera y no por el esfuerzo de la sociedad, a diferencia de los otros países donde fue la tarifa que pagaron los ciudadanos lo que hizo posible la expansión de los sectores eléctricos nacionales, muy en la medida de las realidades económicas de cada país. Este crecimiento vertiginoso se hizo entonces bajo el pecado original de la irresponsabilidad. Al estado venezolano ser el garante y financista principal del servicio eléctrico, la sociedad venezolana se hizo indiferente ante los vicios que surgen del reparto populista de los bienes de primera necesidad. En consecuencia, la renta petrolera se convirtió en un colchón para el subsidio generalizado de la electricidad por lo que las ineficiencias del sistema fueron escalando.
Durante la década de los noventa se diagnosticó que el sistema eléctrico venezolano se encontraba profundamente enfermo y necesitaba reformas radicales para garantizar el acceso al servicio para los ciudadanos en el entrante siglo XXI (Ramírez, 1992). Las restricciones presupuestarias de entonces impulsaron reformas regulatorias con el objeto de permitir la participación privada y mejorar la eficiencia. Algunos progresos significativos se observaron a partir de la entrada del capital privado en el sistema eléctrico del Estado Nueva Esparta (Coing, 2002).
A pesar que Hugo Chávez promulgó la primera Ley Orgánica del Servicio Eléctrico (LOSE) en 2001, ésta no fue cumplida y todas las acciones posteriores se hicieron en sentido totalmente contrario al espíritu de la ley. En tal sentido, se congelaron las tarifas y se conformó un holding estatal centralizado en Caracas. Las necesidades de inversión requeridas para atender la muy creciente demanda fueron satisfechas parcialmente por una importante y providencial renta petrolera fruto de un nuevo boom en el mercado de hidrocarburos.
Después de diez y siete años de opacidad en el sector eléctrico, finalmente en 2016 la Asamblea Nacional decidió conformar una comisión mixta para analizar de forma integral la crisis eléctrica venezolana (AN, 2017). Como resultado de esta iniciativa se demostró la defraudación a la nación de más de 30 mil millones de US$ producto de decenas de proyectos otorgados sin cumplir la ley de licitaciones. Como agravante, las disposiciones del plan nacional de desarrollo del sector eléctrico (PDSEN, 2004) no fueron cumplidas, y los activos que efectivamente se instalaron al no cumplir los criterios de planificación son en la práctica inservibles. En números, el PDSEN estableció que para atender la demanda prevista para el periodo 2005-2015 era menester invertir 15 mil millones de US$ en 15 mil nuevos MW (1000US$/kW). En realidad, se gastó el triple. Un total de 43 mil millones de US$ en 14 mil MW de generación eléctrica. De los activos de generación efectivamente instalados, solo el 30% se encuentra el servicio con severas restricciones de transmisión y combustible. El restante 70% no funciona y difícilmente será recuperable. Estas obras corresponden, como hemos mencionado, a proyectos no planificados y utilizados como estratagema para vender chatarra con claros sobreprecios. Ejemplos emblemáticos son los 1000MW de generación distribuida que fue instalada por la Unión Eléctrica de Cuba, o la estafa de la central hidroeléctrica Tocoma 2160MW. Entre ambos proyectos se invirtieron mas de 13 mil millones de US$ y al día de hoy están completamente paralizados.
Las reales dimensiones de este gran despropósito se ilustran en la grafica 1, donde se observa la serie histórica de producción de energía eléctrica entre 1990-2016. Nótese como el proceso de crecimiento sostenido de la producción de electricidad se freno drásticamente en 2008 para comenzar a caer ostensiblemente a partir de 2013. En 2016 la producción de energía eléctrica fue de 117TWh (la misma de 2008) cuando las estimaciones del PDSEN el escenario medio la colocaban en el orden de 180TWh para ese año 2016.
La caída de la producción de electricidad se debe a la manifiesta incapacidad de Corpoelec en atender la demanda. Esto ha sido complementado por la profunda recesión económica del país con una paralización muy pronunciada del sector industrial. No obstante, la demanda residencial ha continuado creciendo, tanto así que las pérdidas de energía alcanzaron en el 2016 el nivel del 35%.
Las consecuencias económicas de esta situación son relevantes. En primer lugar, debe indicarse que al día de hoy las necesidades de inversión para recuperar la operatividad del sistema son muy superiores a las establecidas en el PDSEN del 2004. Las obras eléctricas que -total o parcialmente- fueron ejecutadas por las gestiones de Chávez y Maduro obedecieron a estrategias de corrupción, sin planificación adecuada y poco contribuirán a la sostenibilidad del servicio eléctrico en el largo plazo. El rezago tarifario, hace prácticamente imposible que el aporte económico de los ciudadanos permita restablecer el servicio eléctrico en los niveles de calidad que los consumidores demandan. Por otra parte, la sociedad venezolana no tiene suficiente ingreso para adquirir los alimentos, mucho menos para soportar el costo real de los servicios públicos. En el caso de sistema eléctrico venezolano, las importantes deficiencias de infraestructura e ineficiencias en la matriz de producción, hacen que el costo del servicio sea muy alto en comparación con la media regional.
Conocidos estos antecedentes, en la segunda parte de este artículo se explorarán alternativas y oportunidades para la recuperación del sector eléctrico venezolano.
* Profesor de la Universidad de Los Andes, Colombia
Referencias:
William Ramírez, Diagnóstico del Sector Eléctrico Venezolano. Edición Particular. 1992.
Ministerio de Energía y Petróleo de Venezuela. Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PDSEN 2005-2024). Disponible en; https://es.scribd.com/doc/27727271/PDSEN-Plan-de-Desarrollo-de-Desarrollo-Del-Servicio-Electrico-Nacional-2005-2024
Rodolfo Tellería, Historia del Desarrollo Eléctrico en Venezuela 1880-1998, Edición particular, 2014. Disponible en: https://issuu.com/soberania.org/docs/historia_del_desarrollo_del_servici
Henri Coing, Historia de la regulación eléctrica en Venezuela, Universidad de Los Andes, Primera Edición, 2007. Disponible en: http://www.serbi.ula.ve/serbiula/librose/pva/Libros de PVA para libro digital/Historia de la regulacion electrica.pdf
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Informe Final de la Comisión Mixta para el Estudio de la Crisis Eléctrica en el País, Febrero de 2017. Disponible en: https://goo.gl/KdzovH
